“En el país de no me acuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950”,  es el reciente libro de la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro.

A través de sus páginas, un grupo de historiadores, investigadores y ex alumnos de distintas Universidades nacionales (hoy ya recibidos), trabajaron durante 10 años para conocer las formas en que los pueblos originarios fueron perseguidos, sometidos y distribuidos por el territorio a partir de acciones ejecutadas  por el  Estado argentino a lo largo de la historia, con la participación de sectores de la sociedad civil y de la Iglesia.

Documentos y archivos rescatados de registros estatales y eclesiásticos, numerosos recortes de periódicos regionales y del ámbito nacional, cartas entre funcionarios y vecinos, órdenes militares y publicaciones entre otros, pero principalmente el relato a través de la memoria de descendientes de las víctimas del sometimiento, tanto como de actuales perjudicados por un sistema que perpetúa la exclusión de los pueblos originarios a lo largo y ancho de Argentina, fueron compilados en este libro que ya está disponible en las distintas librerías de Bariloche, pero también on line y gratuitamente en:  https://books.openedition.org/eunrn/1254

Participaron de este trabajo Walter Delrio (UNRN), Diana Lenton (UBA), Diego Escolar (UNCuyo) y Marisa Malvestitti (UNRN). Además, escriben: Lorena Cañuqueo (UNRN), Mariana Gómez (UBA), Marcelo Musante (UBA), Mariano Nagy (UBA), Alexis Papazian (UBA), Pilar Pérez (UNRN), Leticia Saldi (UNCuyo) y Jorge Sosa (UBA).

En Café a la Turca de este 10 de octubre de 2018, Walter Delrío compartió detalles de esas historias recopiladas, estudiadas y reconstruidas. De todo lo analizado en 10 años de trabajo, no dudó al afirmar que lo que más le impactó fue lo rescatado por la “memoria social” y que después de los trabajos de campo y el contacto con la propia gente, comprendió que en vez de preguntar “es mejor callar y escuchar”. Y así, de hablar del pasado, surgieron muchos datos del presente y otros más actuales, como la existencia de “un campo de concentración en Valcheta o Martín García; las formas de deportaciones de a pie, las torturas y violaciones sistemáticas” que habían tenido de víctimas a “algún padre, madre o abuelos directos”.

Esta historia plasmada en el libro “En el país de no me acuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950”,abarca los hechos del Norte de la Patagonia, pero sin dudas se relaciona con la explotación de la fuerza de trabajo en distintos lugares de Argentina, como en el Norte y  Cuyo;  con cómo es la construcción de esas condiciones laborales y cómo es la incorporación de distintos colectivos a ese no mercado de trabajo y en el cual “la violencia es también parte del desarrollo del capitalismo”.

Desde ese lugar, en el mismo programa radial, Jerónimo Altschuller, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, se refirió a la actual situación por la que atraviesan más de 15.000 familias de tareferos (cosechadores de la yerba mate), que realizaron un nuevo acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Bs.As., hasta ese 9 de octubre por la noche en que regresaron a sus lugares de origen, tras haber acordado con el Gobierno nacional “un paliativo” para evitar seguir “viviendo en la miseria o morir de hambre”.

Trabajadores y trabajadoras de la yerba mate cobran actualmente “2300 $ durante 4 meses que es el período interzafra” (tiempo en que no se cosecha), pero que en realidad es de “6 meses, en los cuales no hay ningún tipo de alternativa de trabajo”. En esos meses de imposibilidad de acceder a una fuente laboral “solía haber un subsidio que otorgaba el  Ministerio de Trabajo, conocido como “Interzafra”, pero el mismo Ministerio – informó el dirigente de la FOL – lo ha ido vaciando y desde hace 3 años lo dejó congelado a un valor totalmente desactualizado y denigrante de 2300 $, que es con lo que tiene que vivir una familia entera durante un mes “.

“Se desloman trabajando de sol a sol, para cosechar la yerba por monedas, súper explotados, en negro y algunos con toda la familia” lo que incluye “trabajo infantil”, explicó. “Les pagan 0,90 $ o 1 $ por kg de yerba que en el mercado se vende a 100 $ aproximadamente; los empresarios les cobran hasta la tela con que cargan la cosecha” ( cada “raído” pesa más o menos 100 kilos y es lo que envuelve a las hojas de yerba en una enorme ponchada de arpillera), importe que les es descontado de  lo que les corresponderá cobrar porque los patrones consideran “que se trata de una herramienta de trabajo que debe tener c/u de los trabajadores por su cuenta”.

Sin embargo, nada dicen los empresarios del sector, de la inexistente cobertura de salud para las familias tareferas. Esos kg que cargan en sus espaldas diariamente, durante toda la cosecha, provocan que “muchas personas tengan sus espaldas totalmente quebrada a los 50 años de edad y queden incapacitados de por vida para seguir trabajando”.

Pero la explotación, que viene desde los comienzos de la Conquista española, no termina allí. “Les pagan por debajo del convenio, cuando les tendrían que pagar 1,50 $ x kg; no gozan de feriados, ni  de francos, ni de aguinaldo” relató el dirigente del FOL, quien agregó que “muchos patrones pagan en bonos que solo se pueden usar en los mercados que están relacionados con el mismo patrón y les cobran aún más caro que al precio habitual y no pueden usarlos en otros lados”.

“Es un abuso absoluto”, opinó Altschuller, de la misma manera que los son otras tantas situaciones como por ejemplo que “acampan una o dos semanas bajo lonas y nylon, sin agua, sin baños, y cocinando y durmiendo sobre la tierra”. En esas condiciones infrahumanas “el patrón les lleva víveres para comer, pero también se los descuentan a un precio mucho más caro de lo que lo venden al público” lo que obliga a que “queden en deuda permanente con sus empleadores”.

Frente al reclamo de estas horas en BsAs, el Ministerio que conduce Carolina Stanley “terminó ofreciéndoles un paliativo”, que lejos está de ser una solución de fondo,  equivalente a “una tarjeta alimentaria para la totalidad de los tareferos, de 2350 $ por encima de los que cobran en la Interzafra”, con lo cual pasarán a cobrar 4650 $ por mes. Sin embargo y a pesar de la aceptación por el colectivo de trabajadores frente a la extrema necesidad, el Ministerio de Desarrollo Social otorgó este plus, por 12 meses “pero al mismo valor de aquí a un año”…

Tareferos/as  regresaron el 9 de octubre por la noche a sus lugares de residencia, la mayoría habitantes de Misiones. Pero sabiendo que ésta no es una solución de fondo a las indignas y humillantes condiciones de vida a las que son sometidos y convencidos que “la lucha no termina y que los logros se obtienen a través de la unidad de los trabajadores”.

Podés escuchar el programa completo acá.

(Crédito imagen: ANRed)

Roxana Arazi