Exponencial aumento de la violencia institucional

El Fiscal Guillermo Lista de la Unidad Especializada en Violencia Institucional advirtió que la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril de Bariloche, cuenta en su haber con más de 50 causas abiertas contra personal policial desde el inicio de este año (2019). Una cifra que, traducida a “personas” y más aún a “niños/as”, debe no sólo preocuparnos, sino ocuparnos. Y urgentemente.

Convocado por el Consejo de Infancia de Bariloche,  el Comité Municipal contra la Tortura y las organizaciones del Movimiento de Infancia, el Fiscal en Delitos contra la Administración Pública y Violencia institucional, Ejecución y  Asuntos Extrapenales, Dr. Guillermo Lista,  admitió que en los últimos 4 meses de este año, se iniciaron más de 50 causas contra personal de la Comisaría 42 de esta ciudad, en ejercicio de funciones.

“Yo sé que hay un problema que está instalado hoy y que todavía no se puede combatir” admitió el funcionario judicial. “Es un fenómeno que en vez de disminuir va creciendo” afirmó, aunque se mostró sorprendido tras indicar que “lo más curioso es que en otras comisarías de la ciudad, salvo en la 42, han bajado muchísimo, al menos en cantidad de expedientes y sumarios” que llegan a la Fiscalía en calidad de denuncias. Al decir del Dr. Lista “comparativamente la (Comisaría) 42 es la que lleva el primer puesto y lejos (están) todas las otras.”

Según informaron las organizaciones miembros del Movimiento Infancia en Bariloche, “las más de 50 denuncias fueron recabadas desde el inicio de este año y se encuentran en proceso judicial”. Así como el aumento de las mismas llamó la atención del Fiscal Lista, puede apreciarse que es más llamativo aún que “en muchas de ellas se repiten los nombres de los agentes (que participaron), e iguales formas de procedimiento”. Ante estos hechos, referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el proceder de los agentes de la fuerza policial rionegrina “como una forma sistemática que se repite en la misma comisaría hace ya varios años y que pese a las continuas denuncias y reuniones con los responsables policiales, “la problemática no logra revertirse”.

Se califica como “violencia institucional” al concepto que amplía y define cualquier uso indebido de poder o fuerza como la discriminación, llegando a causar hasta la pérdida de la vida, ya sea por medio del asesinato, la tortura física y/o psicológica y/o simbólica y el aislamiento, ejercida por agentes y/o  funcionarios del Estado, de manera abusiva y  en cumplimiento de sus funciones. La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación, en el que se incluyen delitos y situaciones como la brutalidad policial y las ejecuciones ilegales también conocidas como "gatillo fácil,  la criminalización de la protesta social y los comportamientos racistas, machistas u homofóbicos tolerados o sistematizados por las instituciones estatales, entre otros tantas acciones que vulneran los derechos de las personas en un sociedad que, como en Argentina, posee  un sistema democrático de gobierno.

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente y los servidores de la ley pública o privada que están sujetos a la orden del gobierno deben ser sancionados ante hechos de violencia institucional. Hasta aquí, todo es sabido. Sin embargo, el  Movimiento de Infancia volvió a denunciar que pese a haber elevado varios “pedidos formales” ante el Ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, el funcionario “esquivó reunirse con las Organizaciones Sociales por este tema”, aún cuando “el asunto es de índole y decisión política del Ministerio de Seguridad” que dirige.

En el informe agregaron que este tipo de denuncias son recepcionadas originalmente en la Fiscalía General, luego de lo cual se realiza un “filtro” que las deriva a la Unidad Especializada, en este caso a cargo del Dr. Guillermo Lista, y desde ese momento “comienzan a investigarse” para culminar con la “formulación de cargos contra los agentes que cometieron los ilícitos”.

Cabe mencionar, y así lo mencionan las organizaciones, que la misma Fiscalía “actúa también en los casos donde las Fuerzas de Seguridad denuncian a sujetos por resistencia a la autoridad o desacato”, aunque opinaron que “esas causas escritas y elevadas por el personal policial suelen ser la forma en que la Policía se cubre, o “disfraza” de enfrentamiento a las denuncias por apremios ilegales”.

Durante el encuentro la concejal Ana Marks, quien representa al cuerpo deliberante de Bariloche en el Consejo de Infancia y es además impulsora del Comité contra la Tortura local, le expresó al Fiscal Lista que para que estos hechos no sigan ocurriendo debe existir “responsabilidad política” y también “condenas que sean ejemplares”. Ante esa demanda, que representa la de todas las organizaciones que trabajan por la infancia, el Fiscal respondió que se trata de “un dato alarmante” y que “si esos casos descienden a la mitad o a la tercera parte, ya por lo menos diríamos que esto se va revertiendo.”

Tras haber informado que el responsable de la Comisaría 42, Luis Hawrylak, se alejaría de la misma por “asuntos personales”, el funcionario judicial indicó que las investigaciones están “direccionadas sobre los responsables individuales (de la fuerza policial)” teniendo en cuenta que “el derecho penal” así lo indica.

Cabe recordar que en diciembre de 2018, tras el trágico hecho que concluyó con la pérdida de un ojo de un adolescente a manos de personal de esa misma comisaría, las organizaciones presentaron un Hábeas Corpus Preventivo Colectivo para evitar otros hechos similares. Sin embargo, en esa ocasión, el recurso fue desestimado por la Jueza Romina Martini por considerar que “no eran suficientes los testimonios recabados por las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos”.

Para el Movimiento de Infancia Bariloche, la situación que “ya se cobró vidas, dejó chicos lastimados, mujeres sin ojos” entre otros hechos,  es “muy seria y puede ser peor”.  Por ese mismo motivo, y en la intención de evitar cualquier otro hecho de abuso de autoridad, es que insistieron en “sentencias ejemplificadoras”.

Roxana Arazi