Bariloche es una ciudad plagada de evidentes muestras de inaccesibilidad, partiendo lógicamente de su geografía de montaña que ya de por sí se traduce en un permanente sorteo de obstáculos para quienes tienen alguna discapacidad. Pero esa inaccesibilidad se complica cuando no se toman medidas – ni públicas ni privadas - para brindar solución a lo que sí puede resolverse. Simples ejemplos son las veredas en desnivel, con escalones a los que pareciera faltarle siempre el anterior; la inexistencia de veredas por donde poder transitar con tranquilidad sin que el vehículo y el ser humano pasen por la misma senda y a la par; la escasez de rampas de acceso para sillas de ruedas; clínicas y sanatorios enclavados en edificaciones que, en el mejor de los casos, cuentan solamente con ascensores tradicionales,  y así un sinnúmero de otros ejemplos que podrían enunciarse. Es cierto, y cabe mencionarlo, que muchos establecimientos hoteleros y algunas excursiones, han ido adaptándose de modo tal que cualquier pasajero pueda disfrutar de este Bariloche turístico; pero aún falta mucho por hacer.

De todas maneras, hay una situación en particular en la que queda en evidencia la falta de decisión política y, por el contrario, una manifiesta decisión de preservar los intereses de los inversores. Se trata concretamente del transporte urbano de pasajeros (TUP), que ha sido concesionado a la empresa Semisa Amancay SRL (Mi Bus) y que tenía la obligación de adaptar las unidades para convertirlas en accesibles para personas con discapacidad y, el Estado municipal, la obligación de exigir que se cumpla. Si embargo nada de eso ha ocurrido pese a que en  julio de 2017, el Juez Emilio Riat hizo lugar al amparo presentado por las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y le otorgó a la Municipalidad un plazo de 10 meses  para que exigiera el cumplimiento de lo establecido en el pliego de licitacióncorrespondiente (Ordenanza 2728-CM-16: http://www.bariloche.gov.ar/boletin_contenido.php?id_contenido=31545&id_boletin=31343 ).

Esa sentencia, recurrida  por el actual Intendente Municipal de Bariloche, Gustavo Gennuso, fue ratificada por la Justicia por considerarla inapelable y a partir de agosto de 2017 comenzó a correr  el plazo para adaptar las unidades de transporte. Pese a ello, el tiempo transcurrió sin modificar el servicio. Así, lo dispuesto por la Justicia se incumplió y recién en septiembre de 2018 el Jefe comunal respondió. Pero con una propuesta que resulta por lo menos carente de sentido común y que presenta un cronograma de trabajo - para adaptar las unidades - recién en marzo del 2019 y, a partir de allí, una cada 6 meses. La empresa cuenta con una flota, sólo para Bariloche de 100 transportes (aunque cabe aclarar que si bien debía disponer de la totalidad para prestar el servicio, sólo está en uso el 70 % de las mismas). Con una sencilla cuenta, si se realizara la adaptación de 1 unidad cada 6 meses, se terminaría con lo que se estipulaba en el pliego y que fuera firmado por las partes al momento de la concesión, aproximadamente en 50 años.

Ante esta propuesta que no solo suena irresponsable, sino hasta peligrosamente graciosa, las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, representadas por el amparista Luis Suero, exigieron que sea rechazada por tratarse “de un expediente meramente dilatorio que excede el tiempo de mandato de la actual gestión, lo que significa una falta total de compromiso y de seguridad de que efectivamente sea ejecutado”.

En Café a la Turca de este 2 de octubre de 2018, Luis Suero y Silvia De Valle (ambos referentes de organizaciones del sector), brindaron detalles de lo que significa en general para una persona con discapacidad vivir en Bariloche y en particular no disponer del derecho a un  transporte urbano de pasajeros adaptado lo cual, de no mediar intimación judicial, seguirá impidiendo que muchos vecinos y vecinas puedan salir de sus casas y sean conminados prácticamente al encierro entre 4 paredes.

Podés escuchar el programa completo acá:

Roxana Arazi