Lo que debió haber sido de público conocimiento y difundido por la repartición nacional si se respetase que toda información pública debe gozar de la propaganda necesaria para que la ciudadanía esté al tanto fue, sin embargo, algo convenido en un encuentro de partes (CP y APN) en Bariloche y  a puertas cerradas. A partir de allí, todo es factible de sospechas, entendiendo como tal el derecho que tenemos los habitantes de desconfiar de algo/alguien cuando no se tiene certeza de los hechos.

Cabe recordar que Consenso Bariloche - luego ampliado a Consenso Patagonia (CP) - se orquestó en la ciudad cordillerana en 2021, tras una reunión de “un grupo de habitantes rionegrinos, neuquinos, chubutenses. Comerciantes, empresarios, productores y empleados, preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia”, tal cual reza en su sitio https://www.consensopatagonia.ar. Aunque obvian mencionar que también forman parte de ese espacio, al menos con sus presencias durante los encuentros y/o con exclamaciones favorables, diversas fundaciones, empresarios y representantes diplomáticos norteamericanos.

Y si bien tienen como lema difundir información y realizar acciones “para visibilizar esta problemática y arribar a una solución pacífica en el marco del estado de derecho”, desde sus comienzos siempre ha manifestado sus posturas con hostilidad y silencios. Como ocurre con este convenio del que se ocupó de investigar y difundir Susana Lara (https://www.elextremosur.com/nota/55962-otorgan-poder-a-consensos-patagonicos-en-parques-nacionales-de-la-patagonia/).

Consenso Patagonia es, en definitiva, una agrupación que se opone a cualquier reivindicación territorial de los pueblos originarios, y sus integrantes están directamente vinculados a la derecha política que, desde el retorno de la democracia en Argentina, intenta ser la ideología dominante a nivel nacional. Hoy lo es con La Libertad Avanza. Tiempo atrás, también lo fue con el PRO.

Según explicó Susana Lara, este acuerdo permite “suponer un desplazamiento de las mesas de co-manejo con comunidades mapuche, ya que buscará promover instancias de diálogo y articulación con pobladores y comunidades locales, orientadas al fortalecimiento de vínculos de cooperación, al manejo responsable del territorio y a la resolución participativa de situaciones vinculadas a la tenencia y uso de la tierra". Tiene vigencia por tres años, desde el momento de su firma en octubre pasado, y CP podrá intervenir en áreas comprendidas en los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Alerces, aunque – aclaró la periodista - “puede extenderse a Puelo y Laguna Blanca, ya que el interés es la Patagonia Norte”.

El convenio citado fue firmado el 6 de octubre 2025 y se publicó formalmente el 22 de ese mismo mes. Según consta en la resolución, difundida por la periodista en El Extremo Sur de la Patagonia y ratificado en esta entrevista, las rúbricas corresponden a “Sergio Alvarez, presidente del directorio de la APN y Alejandro Etchart, presidente de la asociación civil CP quien es, además, directivo de la Fundación Atlas y propietario de tierras rurales en el paraje El Manso (Río Negro) linderas a las del fideicomiso Amaike, de capitales de los Emiratos Arabes Unidos (EAU). Fue uno de los impulsores del PPP (Proyecto Propiedad Privada Patagónica) iniciado en 2020, que luego se recicló en Consenso Patagónico para su lanzamiento oficial en abril de 2021”.

Como para no sospechar y/o al menos estar alerta: hablamos de la Patagonia, uno de los territorios más codiciados por gobiernos e inversores nacionales y extranjeros que avanzan con mega emprendimientos inmobiliarios, represas hidroeléctricas, extracción de minerales, plantas imprescindibles para la industria farmacéutica, que miran las costas y el agua pura de esta zona de Argentina como el paraíso soñado y que gozan de políticas liberales que les abren las puertas para quedarse con todos nuestros recursos.

Entrevista de Roxana Arazi

Café a la Turca - 27 Octubre 2025

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