En un comunicado de difusión púbica, el gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche (SOYEM) y que conduce Ernesto Losert, expresó que “el uso de las contrataciones por locación de servicios que realiza el gobierno municipal son, en su mayoría, precarizaciones laborales” por tratarse de “contratos inestables y transitorios” utilizando la figura de “proveedores  y no como parte de la planta de personal con sus responsabilidades permanentes”.

Frente a esa situación, el SOYEM aclaró que dichos trabajadores “no cuentan con el período de licencias legales, ni obra social, ni seguros de riesgos, ni aportes jubilatorios”, entre  otros derechos laborales que les “son suprimidos y negados”. A modo de ejemplo, el gremio citó “los casos de trabajadoras embarazadas” quienes “no tienen el derecho de licencia reglamentaria porque su tarea está sujeta al presentismo y al respeto de los horarios laborales” que son los que justamente les otorgarían el derecho a tener “dependencia laboral permanente” como corresponde a cualquier trabajador.

Según indicaron desde la Comisión Directiva del gremio, durante el actual gobierno municipal, que además continuará en el poder hasta el 2025 luego de que el actual Intendente Gustavo Gennuso lograra la reelección en los comicios del  1ro de septiembre pasado,  existen otros casos de personal contratado bajo esa modalidad, pero agravados porque llevan “más de tres meses trabajados sin que hayan recibido la remuneración correspondiente”, responsabilidad que le adjudican  “directamente a la Secretaría de Hacienda” y a la Sub Secretaría de la Función Pública, por considerarla “cómplice en este tipo de precarización laboral” por ser la dependencia que debe “firmar los contratos estables”.

Pese a la situación descripta, que no les permite a quienes se encuentran enmarcados en la figura de locación de servicios tampoco estar sindicalizados, el SOYEM refirió que igualmente  “ha realizado gestiones para la normalización de sus condiciones de trabajo”, advirtiendo con gran preocupación la “precariedad laboral” en que se encuentran, lo que se traduce en “miedo a perder el único sustento familiar, opresión y menosprecio hacia su trabajo” mediante acciones que claramente “atentan contra la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras”.

Respecto al verdadero sentido de los  denominados contratos de locación, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales consideró que, al tener el Ejecutivo la intención de “establecer un vínculo momentáneo, para un servicio extraordinario, que solo establecen una compensación de honorarios” , los mismos “no se pueden extender en el tiempo, ni por tres años, ni por dos y ni siquiera por un año”. Para el gremio “las consecuencias están a la vista” con la sola Resolución N° 3916-I-2019,y por dar solo un ejemplo, a través de la cual el Intendente Municipal aprobó el nomenclador de locaciones de servicios vigente para todos los contratos a partir del 1.11.2019, lo que le permite al municipio “establecer un mecanismo de ajuste automático ligado a algún criterio de aumento utilizado para los contratos bajo otras modalidades       (http://www.bariloche.gov.ar/boletin_contenido.php?id_contenido=66126&id_boletin=65732).

Para el gremio, con esa norma “se fuerza una modalidad de actualización de pago y de montos comprometidos por el municipio, por un servicio de proveedor, aferrándose al mecanismo de aumentos de la escala salarial que se realiza a todos los empleados de planta o contratados por categoría de nuestro municipio”, cuando lo que correspondería - destacaron-  sería que el Municipio fuera “ejemplo  en fomentar el empleo genuino, estable, justamente remunerado, con los aportes necesarios, para así fiscalizar y hacer cumplir las reglamentaciones vigentes”.

Dadas las consecuencias de la precarización laboral enumeradas que “afectan primeramente a los trabajadores y trabajadoras” y que implican “posibles juicios al municipio”, el SOYEM solicitó nuevamente al Ejecutivo Municipal, como en otras oportunidades aunque sin éxito, que “se establezca de manera inmediata un plan de regularización” de los mismos  “suprimiendo” dicha modalidad de contratación”.

Hasta la fecha no ha existido respuesta alguna por parte del Intendente Gennuso ni de miembros de su gabinete con injerencia en el tema, como lo es la Sub Secretaría de la Función Pública.

Roxana Arazi