El Consejo Profesional de la Agrimensura de la provincia de Río Negro, con el apoyo de la FADA (Federación Argentina de Agrimensores) rechaza el proyecto del oficialismo de la ciudad de Bariloche que pretende “exceptuar la obligación  del Certificado de Amojonamiento a la presentación de un plano de obra o al relevamiento de obra existente”.

Al respecto conversamos, en una entrevista exclusiva de Café a la Turca, con Claudio Issac, Presidente del CPA.

Los profesionales del sector plantearon su disconformidad, argumentada en la cantidad de “irregularidades” que podrían surgir a partir de la aprobación del mismo, en diferentes notas enviadas al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante de la ciudad.

El proyecto de Ordenanza 064/20 “exceptúa requisitos licencia de construir Código de Edificación. PDUA. Emergencia Covid”, es autoría de los Concejales Gerardo Ávila y Carlos Sánchez y Puente (JSRN), con la coautoría de sus pares, las Concejalas Norma Taboada, Claudia Torres y Natalia Almonacid (JSRN) y la colaboración del Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Bullaude; del Coordinador de la Subsecretaría de Gestión Urbana, Guillermo Leone; del Inspector de Obras de la Subsecretaría de Gestión Urbana, Federico Birckenstaedt y del Asesor de la Unidad Coordinadora bloque JSRN, Maximiliano Álvarez. El mismo fue girado a la Asesoría Letrada del cuerpo y a las comisiones de Gobierno y Legales y de Obras y Planeamiento, en esta última en tratamiento en la presente jornada (12/06/2020).

Según indicaron los agrimensores, “el municipio de Bariloche pretende exceptuar la obligatoriedad de agregar un Certificado de Amojonamiento a la presentación de los planos de obra a construir y/o de relevamiento de obra existente” y frente a ello consideraron que “de ningún modo debiera pasar por eliminar de un plumazo los deberes del Municipio para brindar seguridad jurídica en el ordenamiento territorial, sino que por el contrario, debiera consistir en un mayor compromiso para acompañar el desempeño de los profesionales particulares involucrados en esta temática.

Por esa razón, desde la mencionada entidad, junto a la Federación Argentina de Agrimensores (FADA), reclaman que se desestime este proyecto y que pueda concurrir un Agrimensor matriculado a las reuniones de Comisión intervinientes del Concejo Deliberante  a fin de "exponer con mayor detalle los motivos de su posición y colaborar para despejar las inquietudes que pudieran surgir entre los concejales".

“La razón principal para ejecutar un Certificado de Amojonamiento es la de materializar de manera precisa los límites de la parcela a deslindar, afirmando los mismos respecto de los lotes linderos y del dominio público, logrando de este modo su real ubicación y evitando situaciones tales como construcciones en parcelas equivocadas, invasión de linderos, muros medianeros o alambrados mal emplazados, obras antirreglamentarias debido a una equivocada ubicación de la obra según proyecto o invasión a la vía pública, entre otras situaciones”, explicaron desde la entidad profesional.

“Esta tarea profesional consiste brindar seguridad jurídica al propietario y a terceros, mediante la actuación de un profesional con incumbencias en Agrimensura, que será el responsable de la ubicación de la construcción dónde ha sido proyectada, evitándose así que, con posterioridad, una edificación implantada en forma errónea pase a ser un hecho consumado y constituya un elemento que atente contra la necesaria paz social que debe reinar en una comunidad organizada”, precisaron.

Pedido de trámites a distancia

Por otra parte, tanto desde el Consejo de Profesionales de a Agrimensura, como desde la Federación Argentina de Agrimensores, requirieron a los distintos poderes del gobierno municipal de la ciudad de Bariloche que apliquen "prácticas para definir y aplicar trámites a distancia por medio de internet así como firmas y soluciones digitales  para la presentación de planos de mensura, certificados de amojonamientos y planos de obra para recuperar la interacción entre la administración pública y la actividad profesional, además de contribuir y superar los riesgos que representan las gestiones presenciales y en papel".

Al respecto apreciaron además que "el ahorro económico en papel es mínimo en comparación con otros costos que surgen de la presentación de planos así como la construcción edilicia propiamente dicha” y consideraron que “podría ser visto como una inversión para evitar futuros conflictos, ya sea en el pago de multas o también en muros, alambrados, instalaciones o la edificación misma que estén mal ubicados debido a la ausencia del Certificado de Amojamiento".

Roxana Arazi