Filomena Toro pertenece a la 3era generación de pobladores en Villa Llanquín (Departamento de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro), en donde toda su familia se dedicó desde siempre a cultivar la tierra y evitó dejar el campo para poblar las ciudades. Sus abuelos, Humberto y Filomena (también), fueron los primeros en habitar y cultivar esas tierras, un siglo atrás. Y luego ese rol lo comenzó a ocupar Don Paulino Toro, entre cuyos 12 hijos está “Filo”, quienes entendieron que el campo era de donde venían y donde debían permanecer o, como en su caso, regresar. Paulino falleció en junio de 2017, pero varios de sus hijos continúan trabajando la tierra y hoy, ya se suma una 4ta generación a la agroindustria familiar.

Esas tierras fértiles, al costado de uno de los espejos de agua más espectaculares de la Patagonia argentina: el Río Limay, son el ámbito para trabajar y subsistir dignamente. Más aún cuando luego de tantas luchas y recorridas por dependencias oficiales, lograron tener asistencia técnica y, por fin, ser parte de algo legal: el Monotributo Social Agropecuario, que les permite vender sus producciones sin clandestinidad, que era lo que durante años se le criticó a los crianceros y pequeños productores hortícolas del OTRO CAMPO ARGENTINO.

Esa herramienta impositiva no solo les permite vender en condiciones legales y competir en las ciudades frente al mercado tradicional, aún a pequeña escala, sino también tener acceso a una obra social que les garantiza la asistencia en salud.  El Estado – todos nosotros – somos aportantes solidrios con nuestros impuestos para que una pequeña parte de los mismos, llegue a ese Monotributo. Pero ocurre que ya fue anunciado oficialmente, desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere (fiel representante del campo tradicional y no del OTRO CAMPO)  que a fin de este año, eliminará esa herramienta por considerarla, como a tantas otras, un beneficio exagerado. ¿La contra oferta?: pasarse al Monotributo Social (simple) en el que deberán pagar por cada integrante de su grupo, o volver al trabajo en negro.

El comunicado oficial del organismo nacional informa que “a partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen". La síntesis: el 25% restante del beneficio (hoy: $268 por persona), deberá ser afrontado por el agricultor familiar quien, además, tendrá que cubrir el proporcional correspondiente a cada integrante del grupo familiar para poder acceder a la obra social. A simple vista el aporte por persona pareciera no impactar demasiado. Pero sí lo hace en las economías de estos trabajadores que solo pueden comercializar sus productos luego de sembrar y cosechar, por lo que el ingreso de dinero a los hogares no es estable sino estacional.

El impacto en estas economías familiares no es sólo en este cambio de facturación. También se verán afectados, en algunas provincias ya está ocurriendo, por la eliminación de cientos de puestos de trabajo en cada dependencia que la Secretaría de Agroindustria de la Nación posee en el interior del país, en donde no solo hay personal administrativo, sino técnicos que asesoran y fortalecen los recursos de los que disponen los agricultores familiares.

También en estas horas, el Ministerio de Etchevehere, ha anunciado el despido de alrededor de 1200 trabajadores, con telegramas que estarían llegando en estas horas y el cierre de muchas de las oficinas que atienden a lo largo y ancho del país.

A Nora Aira, técnica de territorio, asesora en eco turismo, no le llegó aún el telegrama. Pero sabe que en estas horas podría ser una de las trabajadoras que reciba la noticia menos ansiada. O no. Pero entonces ¿qué pasará con sus compañeros?, se pregunta intentando ponerse en el lugar de esos pares, que tendrán la difícil tarea de comunicar la peor noticia en estos tiempos. Y con esa empatía propia de quienes pueden sentir el sufrimiento de los demás, aún cuando no sea propio, Nora se preocupa: “No quisiera estar en el lugar de ninguno de los coordinadores de áreas a los que les toca dar la noticia del despido”.

Estos nuevos despidos se sumarán a los 150 técnicos ya desplazados durante abril y mayo de este año. Y en las próximas horas se anunciarían medidas de fuerza que podrían llegar a ser más visibles e impactantes que los reclamos pacíficos de estos últimos días.

Filomena termina la entrevista preguntándose/nos: ¿ Quién se va a hacer cargo de toda esta gente que se queda sin trabajo día a día?.

Y no hay respuesta más que un real silencio de radio…

Será que a este gobierno que insiste en aplicar los ajustes más asfixiantes en los sectores más desprotegidos, en el segmento del trabajo activo y en las áreas de producción nacional, el “asistencialismo” que tanto criticó en campaña y aún hoy, desde que asumió a conducir los destinos de la Nación, le será la herramienta “útil” en la próxima campaña electoral de cara al 2019?

(Nota: paradójicamente en Noviembre de 2017, sólo 9 meses atrás, el Ministerio de Agroindustria de la Nación había reglamentado, a través de la Resolución 330-E/2017, el uso del Sello “Producido por la Agricultura Familiar”, para permitirle “al consumidor reconocer y valorizar el producto”, el que tendría un “uso temporario, gratuito y sin exclusividad, por dos años renovables”).

Podés escuchar el programa completo acá:

Roxana Arazi