Entrevista a Concepción Mohana, de la Multisectorial por el Transporte Urbano de Pasajeros.
Más allá de la convocatoria a una audiencia pública, que al no ser vinculante solo podrá tener como herramienta de presión sobre las autoridades las expresiones de los usuarios, conocer las cifras que maneja la empresa concesionaria del servicio resultan por demás elocuentes, sobre todo para tratar de entender por qué en Bariloche existe la tradición de "empresas pobres con empresarios ricos".
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche convocó a Audiencia Pública (no vinculante) para debatir el aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros a las 8 de la mañana del 1ro de octubre. Un horario que dificulta la participación de la mayoría de los usuarios del mismo, justamente por tener que concurrir a sus lugares de trabajo.
La Multisectorial del TUP de la ciudad presentó un amparo para que el Ejecutivo modifique ese horario. Al momento de esta entrevista a Concepción Mohana, una de las integrantes de la organización, aún no habia habido respuesta a la solicitud. Pero en esta jornada, jueves 25 de septiembre, la Cámara Laboral Primera de Bariloche recibió y dio trámite de amparo colectivo a la presentación realizada y a partir de ese momento le otorgó a la Municipalidad de Bariloche un "plazo de 48 horas de notificados" para que " produzca el descargo correspondiente ofreciendo la prueba que considere oportuna y necesaria". Posteriormente el Tribunal de Amparo, integrado por los Jueces Juan Lagomarsino, Marina Venerandi y Ruben Marigo, "con los elementos brindados, tratarán la medida cautelar".
La acción fue interpuesta contra el municipio de Bariloche y pretende "se declare nula la resolución 3387 que convoca a audiencia pública para tratar el aumento de tarifa de transporte urbano de pasajeros el día 1 de octubre. Se peticiona además que el horario de esta audiencia sea por la tarde -18,00 horas- para posibilitar el mayor acceso de usuarios. Como medida cautelar se requirió la suspensión de la audiencia, dado el poco tiempo que queda, en caso de accederse a la medida para una nueva convocatoria".
El Tribunal entendió que "se trata de la defensa de un interés público colectivo, que es nada más y nada menos que poder participar en una consulta pública para tratar el aumento de tarifa del servicio público de transporte en un horario que garantice la participación democrática de los ciudadanos".
Roxana Arazi