Contradicciones en las declaraciones de los presuntos involucrados; trámites que no cumplen con la normativa vigente; movimientos de suelo en zonas no habilitadas y escaso - prácticamente  nulo - acceso a la información en las áreas que debieran actuar, es lo que ha impulsado un pedido de informes que elevó Odarda a los Ministerios de Hacienda y de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, Direcciones de Tierras, de Vialidad Rionegrina y de Catastro, Secretaría de Minería y Agencia de Recaudación Tributaria, junto a sus pares de los bloques Vamos con Todos y Nuevo Encuentro, a excepción de Pedro Dantas y Luis Ivancich, ambos integrantes de esta última bancada (Proyecto Pedido de Infor Nº 12/2025 https://web.legisrn.gov.ar/legislativa/proyectos/ver?c=P&n=12&a=2025), y que aún espera respuesta.

Es importante conocer, además, que una de esas canteras se encuentra ubicada en tierras que no fueron asignadas legalmente a la familia Puchy, pero que ocupa de todas maneras, muy conocida por sus vínculos con el magnate británico Joe Lewis, quien se vio beneficiado por los sucesivos gobiernos rionegrinos de Juntos Somos Río Negro (hoy, Juntos Defendemos Río Negro) con un importante trozo del paraíso terrenal, 12.000 hectáreas aproximadamente, en la zona de Lago Escondido.

Sobre este tema puntualmente la dra. Odarda también solicitó información al Director de Tierras de la provincia, Diego Lawrie, en conocimiento de que la mensura de tierras solicitadas por la familia Puchy, pretende realizarse a nombre de uno de los hijos, de 18 años de edad. La respuesta del funcionario fue escueta: “no considera que existan impedimentos para proceder a la mensura” en cuestión. Pero nada informó sobre cómo la familia habría accedido a las tierras; ni a la cantera. Un dato no menor es que Víctor Humberto Puchy es integrante de la Comisión de Fomento de El Manso, es decir que forma parte  del gobierno provincial.

La legisladora plantea “dos líneas de investigación”.  “Una es la que conecta a Joseph Lewis con la familia Pucci y los privilegios que está recibiendo por parte del gobierno provincial, de la mano del Director de Tierras en este caso (Lawrie), y también del director o del funcionario a cargo de Minería de la provincia (Aberastain Oro), quien no autorizó la cantera pero sabe que existe y no hace absolutamente nada”. La otra se basa en el negocio de canteras y, en este caso puntualmente, referida “a los privilegios otorgados a Claudio Ciccarelli como un negocio que entiendo yo – opinó -  va a demandar mucho esfuerzo de investigación, porque evidentemente la pregunta fundamental es cuánto pagó Ciccarelli por los más de 250 permisos de extracción de canteras de arenas silicias, y además a cuánto compró y a cuánto vendió las tierras fiscales” (unas 16.000 hectáreas). Hechos que tienen mucha similitud – recuerda – con “el proceso que se vivió (en Río Negro) durante el radicalismo, cuando se vendían tierras fiscales a 18 pesos la hectárea” (gestión Miguel Saiz / 2003 – 2011).

También evalúa presentar una "denuncia por cohecho agravado contra Andrea Confini" (esposa del gobernador Weretilneck), candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro y Secretaria de Energía y Ambiente de la provincia hasta hace unos pocos días en que renunció para asumir en el Directorio de YPF en el que, llamativamente - según Odarda -, "no existe representación de Río Negro". Entonces, ¿a quién representa Andrea Confini?, le preguntamos. “Representa al gobierno de Javier Milei, representa al lote de acciones que tiene Javier Milei en YPF. Eso creo que pone blanco sobre negro sobre la relación que existe entre Alberto Weretilneck y Javier Milei. De ninguna manera entraría Andrea Confini a YPF”. Y agrega que su esposo, gobernador de Río Negro, “le otorga ese beneficio de tenerla sentada allí como representante de las propias acciones del Estado Nacional a una persona que no representa a su provincia sino que representa los intereses del gobierno” de la Libertad Avanza.

La figura de “cohecho agravado” es un recurso legal aplicable cuando las denuncias se generan en casos en que un funcionario público acepta, solicita o recibe un beneficio a cambio de omitir o ejecutar un acto propio del cargo, o de ejecutarlo con infracción a sus deberes. Un dato no menor, para poder comprender, es que Pablo Pucci es integrante de la Comisión de Fomento de El Manso, es decir que forma parte  del gobierno provincial. Y en este caso, la legisladora anticipó que la denuncia también recaería en el Director de Tierras y en el Secretario de Minería de Río Negro, Lawrie y Aberastain Oro respectivamente.

Las preocupaciones y sospechas no terminan allí. La pregunta que muchos se realizan, y Odarda dispara es “¿qué pretende el negocio narco metiéndose en la política? Pretende el lavado de activos fundamentalmente y, como contrapartida, hay políticos que son beneficiados por estos personajes que llevan adelante delitos complejos como el caso del narcotráfico. Reciben dádivas, financiamiento y promesas de obras, en momentos de campaña”. Al respecto informó que desde el bloque del Frente Vamos con Todos, también están investigando “el listado de aportantes de la campaña 2019 y 2023, pero en particular de la campaña a gobernador 2019”, cuando Alberto Weretilneck intentó ir por la reelección, que le fue denegada por la justicia electoral, y en la que finalmente resultó electa Arabela Carreras. ¿Por qué hace especial hincapié en ese año concretamente?. Porque “fue en ese año y en ese mes de abril de 2019, cuando comenzaron las entregas de permisos a Cicarelli, y las reuniones de Weretilneck, de manera personal, con Fred Machado”.

Para la legisladora, así como esos vínculos fueron en plena etapa electoral, en estos momentos “es muy posible que haya financiamiento de campaña que quizás esté reflejado en el expediente o quizás sea por otros caminos informales”.

Se podría creer que en Río Negro comienzan a salir a la luz muchos hechos y apellidos que hasta no hace tanto, eran solo sospechas. Para Odarda “es bueno que ocurra porque -dice- “tenemos que poner freno a todo lo que significa el financiamiento de campañas políticas que determinan que después, aquellos que llegan al gobierno, tengan que responder a quienes pusieron el dinero. Eso -opinó- creo que es el eje de todo esto”. Se trata, a su parecer, de “grandes negociados para buscar financiamiento y para garantizar o facilitar negocios como lavado de activos” que la justicia “ya debiera estar investigando, y poner la lupa desde la campaña del 2019”. Y argumenta: “diciembre 2019, asume Arabela Carreras como Gobernadora de la provincia; el 2 de enero (2020) se reasigna a Claudio Cicarelli, quien cumplía funciones en el Ministerio de Turismo, a la Legislatura de Río Negro. Ya el 14 y 15 de febrero, o sea un mes después, aterriza un avión de Machado en el Aeropuerto Antoine de Saint-Exupéry de San Antonio Oeste, y lo van a recibir varios funcionarios; llega Fred Machado a hacer negocios intentando comprar tierras y poner un puerto en el área del Golfo San Matías. Fred Machado es recibido con honores por los funcionarios públicos”.

Más datos que fundamentan su intención de que se investigue lo que sospecha que ocurre en Río Negro: “el 7 de abril del 2019 fueron las elecciones en la provincia y poco después, José Luis Espert (quien se bajó recientemente de la candidatura a Diputado de la provincia de Buenos Aires por  La Libertad Avanza a raíz del escándalo en el que quedó involucrado tras recibir 200.000 dólares por parte de Machado), presentó su libro en la capital, a donde arribó en un avión del propio Fred Machado, y entre el 15 y el 30 de abril de ese mismo año, se da la reunión entre el gobernador (Weretilneck) con Fred Machado y posiblemente con la presencia de Cicarelli”.

En ese entramado de afinidades y buenos diálogos “entre el oficialismo, empresarios y políticos rionegrinos de renombre”, Magdalena Odarda agrega que “paralelamente, Andrea Confini (la esposa del gobernador y por entonces funcionaria en el estado provincial), le entrega los permisos de las extracciones de las arenas silíceas en la provincia, a Cicarelli”.

Y suma: “yo relaciono dos casos en forma muy cercana porque nos demuestra cuál es el modus operandi, para favorecer en este caso las acciones de Pucci, hombre de Joseph Lewis, con la explotación de arenas silíceas y/o de áridos que -como ya mencionó-  está haciendo sin ningún tipo de autorización por parte del gobierno provincial.

No es difícil de imaginar para qué le sirve todo esto a Lewis. Lo confirma: “le sirve para bloquear en forma definitiva el camino de Tacuifí, y que a ningún argentino o argentina se le ocurra ni siquiera acercarse a ese vallado para conocer y acceder al lago (Escondido). Y le sirve porque es el camino por donde van y vienen los camiones con materiales e insumos para su estancia y para que forme parte del grupo empresario que, además, administra la hidroeléctrica Lago Escondido”.

Odarda reafirma que Lewis “privatizó de hecho un camino” y que “el gobierno de Río Negro benefició a un empresario”, e insiste en que la colaboración de Joe Lewis a Weretilneck “es evidente, pero es un ida y vuelta. Y ese ida y vuelta lo vemos ahora con estos personajes que vienen de la mano del narco a querer, inclusive, hacer negocios en nuestro país con las canteras, con arenas silíceas”, y no desestima que se trate de “una gran fachada, porque de todos esos cientos de permisos, ninguno funcionó”. Entonces analiza: “evidentemente se compraron, luego se vendieron y funcionarían entre dos y tres canteras de más de 200; esos permisos cuestan dinero, es más, se exploten o no, lo mismo hay que pagarle al Estado”. ¿Cuánto le queda al estado provincial?, es la pregunta que aún aguarda respuesta. Y es por eso que afirma: “tenemos que estudiar si aquí no existe el delito de lavado de dinero a través de la explotación de canteras y ver cuál es la posibilidad de que el gobierno de la provincia esté recibiendo su contraprestación a cambio de favorecer negocios privados”.

Más preguntamos, más datos y personajes aparecen. “Sí, sí, están apareciendo personajes que no teníamos nosotros conocimiento de que tuvieran relación con recursos naturales de la provincia y también con concesiones entregadas por el estado, y todo cierra en el mismo círculo, empleos públicos del gobierno provincial y del gobierno de Milei”.

Se refiere a Maximiliano Larrañaga y a Héctor Núñez, de quienes nada, o poco, se sabía hasta hace unos días atrás. Pero ¿quiénes son?. Según indica el Boletín Oficial de Río Negro, una de las empresas de “Lechuga” Cicarelli es GOLD AND SAND S.R.L., constituida el 20 de agosto de 2021, vinculada a la actividad minera, de la que es socio mayoritario con el 90% del capital. El  10% restante figura en manos de un tal Maximiliano Larrañaga, quien trabajaba en el Ejecutivo rionegrino, hasta 2018/ 2019 cuando pasó a ser parte del bloque Parlamentario Juntos Somos Río Negro. Luego, en agosto de 2023, Larrañaga cedió su parte a Hernán Darío Núñez, quien se convirtió en el socio minoritario de la minera de Machado.

Hasta ese momento, todo quedaba en “casa”. Pero no por mucho tiempo. En julio de 2024,  Núñez fue designado en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, bajo la órbita de Sandra Pettovello, pero habría seguido desempeñando funciones en la ciudad de Viedma, capital de Río Negro. Y para Odarda, allí surgió “un nuevo nexo entre los integrantes del gobierno oficialista de la provincia, y el narcotráfico”. “Acá no hay que asustarse ni hablar de campaña sucia; acá se están haciendo las investigaciones por los canales institucionales; no estamos largando fake news, ni utilizando las redes sociales con inteligencia artificial; acá estamos hablando de investigaciones que se le están pidiendo al procurador de la provincia, pedidos de interpelación, de informes, todo en el ámbito institucional de la democracia”, enfatizó.

A esta altura de la descripción y argumentación de Magdalena Odarda, la figura de Mario Cicarelli podría quedar hasta deslucida. “Que sea un verdadero ñoqui de la Legislatura -dice- es lo mínimo en esta cuestión que se está destapando”. Lo que verdaderamente la ocupa en estos días,  se evidencia, es “seguir investigando, para llevar a la justicia tanto al Director de Tierras como al Secretario de Minería y lograr la interpelación de la (ahora ex) Secretaría de Energía y Ambiente, Andrea Confini”. Y aporta: “se trata de una *Secretaría* de Energía y depende directamente del Gobernador” algo que considera “una estrategia (del propio Weretilneck) para que (su esposa) no sea sujeto de juicio político”, porque si no hubiesen degradado el área, que supo ser un Ministerio, le cabría esa figura de juzgamiento. Frente a eso, Odarda se propone “reunir los votos en la Legislatura y pedir la interpelación, si no es de la Secretaria (ex), tendrá que ser la de su superior jerárquico” que, en este caso, “es el propio Gobernador”, para  que brinde explicaciones no solo de la explotación de las canteras, sino “respecto de los negocios de la energía en la provincia de Río Negro con las hidroeléctricas, con los proyectos en marcha en el Golfo San Matías, los proyectos petroleros, Calcatreu y todo este cambio de matriz productiva que evidentemente trae aparejados negocios muy oscuros que pueden llegar a convertirse en delitos que la justicia debería estar investigando de oficio”. Pero eso, hasta ahora, no ocurre.

Pese al impacto de las denuncias y pedidos de investigación que lleva adelante, Magdalena Odarda es optimista: “todo esto creo que es bueno para la democracia porque tiene formas de autodefensa. Hoy -ejemplifica- tenemos en vías de extradición a Fred Machado”. Aunque aclara: “en este caso la justicia tardó tres años. Esperemos que ahora, sea más ágil”.

(Nota: antes de finalizar la entrevista, la Legisladora Odarda accedió a hablar también sobre la apelación del Presidente Javier Milei al fallo favorable que dictó la justicia sobre el amparo colectivo presentado por las organizaciones de Bariloche CreArte, El Brote y ACUFA para que se le restituyeran las pensiones por discapacidad que les quitó a muchos vecinos/as la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDi). Escuchar audio)

Por Roxana Arazi