Pilar Pérez es Dra. en Historia, Investigadora del Conicet, Docente de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)  y Jefa de trabajos prácticos regular en el área de historia de esa casa de estudios.

Esta entrevista fue realizada en exclusiva para Café a la Turca, el miércoles 6 de noviembre 2019, cuando aún no había ocurrido - formalmente - el golpe de estado en Bolivia.

Postergué su publicación porque merecía ser escuchada varias veces  para aprender más sobre la historia de la Nor Patagonia, sobre todo de esos aspectos que aún hoy no figuran en ningún manual de enseñanza inicial ni media, pero también porque pocas horas después asistimos a un Golpe de Estado en Bolivia (que algunos prefieren llamar de otra manera y no coincidiremos), y en ese contexto encontré el marco necesario para compartir esta entrevista en la que Pilar Pérez desnuda de alguna manera el odio de clases, el desprecio por las raíces de los pueblos originarios, la ambición de gobernar estados que son mostrados como empobrecidos pero que contienen las riquezas más codiciadas y porque en el Siglo XXI, como en el XVIII, XIX y XX, quienes quieren quedarse con el oro (litio, agua, tierras, etc) insisten en hacerlo, aunque lo disfracen de políticas superadoras, a cambio de  esclavitud, maltrato, represión, muerte y, en el mejor de los casos, de “espejitos de colores”.

Pilar Pérez, como investigadora de la sede andina de la UNRN dirige el proyecto “Archivos y Narrativas de la Nor-Patagonia. Producción, circulación y efectos de relatos constituyentes y subalternos”, del que participan colegas, docentes y estudiantes de esa casa de estudios y también  de la Universidad del Comahue (UNCo). El objetivo es profundizar en la producción, circulación y tensiones de las narrativas históricas constituyentes y subalternas sobre las que se escribió la historia de Río Negro y más precisamente de la región Nor Patagónica. Para ello han comenzado con un mapeo de los distintos tipos de archivos existentes en donde se resguarda la información, pero partiendo de los relatos de la memoria social como disparadores esenciales.

“Ocurre que cuando se trabajan temas como el genocidio, no existe un archivo específico, un lugar donde uno vaya a buscar y encuentre un fondo documental que refiera a eso” expresó la historiadora. Algo que no suena extraño si se tiene presente que quienes exterminan seres humanos, aniquilan pueblos o perpetran golpes de estado, nunca lo asumen, sino que lo disfrazan de distintas maneras intentando justificar lo que alguna vez la historia se encargará de visibilizar desde la verdad. Los archivos “son dependencias del estado muy postergadas y mucho tiene que ver con qué políticas de estado se quieren recordar, proteger y guardar, y qué cosas no” opinó la historiadora.

Pérez narra en esta entrevista todas y cada una de las dificultades que conlleva meterse en los archivos estatales que, en la mayoría de los casos, no cuentan ni con presupuesto para mantenerlos en condiciones, ni con personal capacitado, ni con las mínimas condiciones de preservación para evitar que humedad, ácaros o “bicharracos” del propio ambiente, deterioren los documentos que guardan la más preciada información no solo para la reconstrucción de la historia de un poblado, de la magnitud que fuera, sino de la vida misma de cada persona.

Un ejemplo clarísimo del deterioro en la preservación de esa memoria vital es el Archivo General de Río Negro que en los últimos tiempos ha sufrido distintas situaciones, como reiteradas inundaciones, que dañan la historia misma y que podrían haberse evitado. A ello se le debe sumar la falta de espacio para seguir acopiando papeles, teniendo en cuenta que jamás se ha tomado la decisión política de digitalizar todo el material como sí ocurre en Chubut, en donde poseen una gran base de datos diferenciada por temas.  “Uno llega al archivo y nunca ve el papel; nunca lo toca porque está todo digitalizado con un proceso que ya lleva 15 años; el papel está resguardado en depósitos que tienen las condiciones necesarias para que no se lo coman los bichos; uno accede al microfilm del tema que pida y después te mandan todo por mail” contó Pérez.

Es que, sin dudas, preservar la historia no es una cuestión de costos sino, como opinó, “una decisión política”.

El proyecto de referencia se planteó en primera instancia “mapear para saber en dónde estaban los archivos posibles” partiendo de la premisa que “toda la información que el Estado produce debiera estar guardada en algún lugar” porque es documentación de respaldo frente a muchas circunstancias. ”Los archivos deberían cumplir esa función” sentenció Pilar Pérez, pero ocurre que si bien todas las instituciones del Estado poseen sus propios archivos, en la mayoría de los casos “es difícil que la vayan pasando al archivo histórico, porque existe un proceso de purga y de selección basado en lo que el propio Estado considera qué es lo que posee valor histórico y qué documentación tiene valor secundario”. “Todas las gobernaciones y sus dependencias - explicó - tienen sus propios archivos, gracias a la Ley Nacional de Información Pública” y por ende “cualquier ciudadano debiera tener acceso a esa información, porque es un derecho”. Sin embargo no es una tarea sencilla y es poco accesible para la mayoría de las personas.

• El caso puntual del Archivo General de Río Negro:

En la provincia de Río Negro, el archivo histórico existe desde 1967. Fue creado en el contexto del Centro de Investigaciones Científicas, cuyo Director supo ser Rodolfo Casamiquela. Los fondos documentales de ese archivo datan del período en que Río Negro era territorio nacional y lo que tiene de particular esta provincia es que fue la primera gobernación de toda la Patagonia, convirtiéndose después en la gobernación de más peso y es en la que “quedó el grueso de la población indígena que estuvo en los campos de concentración” (*).

Las investigaciones de Pilar Pérez y su equipo de trabajo dan cuenta que “la documentación que tiene el archivo de Río Negro es única dentro de la Patagonia, al menos en el volumen de información de la que dispone”. Sin embargo en este caso, como en tantos otros, “los archivos siempre son dependencias secundarias; no están valorizados dentro de lo que son las instituciones del estado; no tienen presupuesto; no tienen personal capacitado o formado en archivística y básicamente se vuelven depósitos que juntan papeles”. Para la historiadora “según las demandas de las distintas oficinas del estado o de los investigadores que vamos a trabajar, es la información que está a mayor disposición” pero “hay fondos completos de documentación que no han sido investigados y que se tornan sólo en papeles apilados”.

“El archivo de Rio Negro nunca tuvo un depósito acorde a lo que se está guardando” aseguró Pérez. “Siempre fueron tirados en algún lugar” como ocurrió desde los inicios. “El primer lugar que tuvo fueron las antiguas caballerizas de la Gobernación (Viedma) y eso ya nos da un panorama de la cantidad de *bicharracos* que había, ácaros y sobre todo humedad, lo que va atacando al papel en sí y a la tinta y, de a poco - lamentó -, esa información se va perdiendo”.

Actualmente es “muy voluminosos y hay mucho material aún” pero el principal problema es que “en el último año el archivo de Río Negro se inundó tres veces y la capacidad de recuperar el material es escasa”. Es más “no existe nada parecido a tener al menos una computadora; la buena voluntad de los trabajadores es lo primero con lo que tenés que trabajar” afirmó. “Hoy - contó - la pelea pasa por ver qué membrana le van a poner al techo del depósito que, además, fue cedido en calidad de préstamo por el IPROSS y nunca se llega a la parte de hacer accesible la información para quien la requiera”.

Pero lo llamativo de esta falta de inversiones para la preservación de la memoria histórica, a los ojos de la investigadora, es que “justamente en el último tiempo, el archivo comenzó a tener una función social mucho más importante, en donde no solo entran investigadores a producir conocimiento respecto a lo que es la historia de la Patagonia, sino que fundamentalmente está siendo el respaldo de los reclamos que tienen que ver, por ejemplo, con recuperaciones territoriales de comunidades indígenas o con denuncias de distintos tipos de crímenes que existieron dentro de los territorios”. Además, para cualquier reclamo judicial, se hace imprescindible “ese papelito del propio Estado, como prueba irrefutable”. Es en estos casos particularmente, en los que para Pilar Pérez no quedan dudas de que la pérdida de esa documentación “atenta contra la verdad y contra nuestros derechos”.

• El inicio de la búsqueda de documentación:

No es una tarea sencilla asegura Pilar Pérez. “En algunos casos se intenta que la persona que se acerca con alguna inquietud, pueda reconstruir lo mejor posible su historia familiar”, pero también sabe que “muchas veces es muy difícil porque son procesos que fueron atravesados por violencias institucionales, pero también domésticas que se producen en situaciones de pobreza y es difícil - para quien debe ahondar en su pasado -  lidiar con esas reconstrucciones”. Después, ya con algunos de los datos que salen de esas búsquedas “se puede comenzar por indagar en los Registros Civiles, dependiendo de cuánto tiempo para atrás pueda reconstruir esas persona su historia”.

No es llamativo que las búsquedas sobre el pasado en esta zona de la Patagonia, estén principalmente vinculadas a conflictos con la posesión de tierras. “El archivo histórico de Rio Negro dispone de los datos de la inspección general de tierras de 1920, en la que está registrado todo poblador que habitaba en ese momento" este territorio y entonces - cuenta Pérez -,  si uno sabe más o menos de qué región era (la persona sobre la que se orienta la búsqueda), lo puede encontrar allí, incluso hasta suele haber fotos”. Ese archivo, justamente, tiene que ver con “conflictos por las tierras que siguen existiendo hasta el presente” y como la historiadora misma acota “los funcionarios actuales tienen la documentación ahí; la tiene el propio Estado”. Pero “el problema es quién tiene acceso” a la misma .

Quizás, la repuesta está en sus propias apreciaciones: “La dimensión de la expropiación territorial no es la expropiación de la tierra en sí misma, sino toda la pérdida familiar y cultural que viene asociadaa ello y, no casualmente, la falta de acceso a la información en un archivo impide no solo llevar adelante una demanda con las pruebas que el propio estado tiene, respecto por ejemplo de una ocupación de 100 años, sino tamnién que la persona o la familia pueda recuperar su propia vida, su propia historia”. Y entonces cabe preguntarse si en esa desprotección de la información por parte de quienes debieran preservarla, no radican intereses espurios que revisten de “gravedad” al abandono o falta de inversión en los archivos.

•  Río Negro, la “elegida” para instalar campos de concentración durante la Conquista del Desierto.

¿Por qué fue en Río Negro donde se concentró la mayor cantidad de población indígena?.

Pilar Pérez lo explica con sobrada argumentación: “Cuando se hacen las avanzadas de la ocupación militar de la Patagonia, conocida como la Conquista del Desierto, y que consistió en varias campañas militares desde 1878 hasta 1885, el ejército tenía muy claro que no podría abarcar todo el territorio patagónico porque era demasiado vasto. Entonces - continúa - fueron generando una sucesión de fuertes y fortines a lo largo de los ríos Negro y Neuquén” donde disponían de “agua y cercanía con otros puntos estratégicos”. Y fue en esos lugares donde “instalaron campos de concentración y a la vista de todo el mundo” (*).

La documentación de la que dispone el equipo de investigación del presente proyecto para certificar la existencia de los campos de concentración “data de 1878 hasta 1888, “momento en que el Estado dejó de racionar, es decir dejó de darle de comer a los indígenas que estaban presos en los campos y que estaban presos solo por ser indios. No por cometer algún delito”  - asegura Pérez -. Los prisioneros “estaban totalmente expuestos” en esos campos de concentración que distaban mucho de ser “centros clandestinos” porque los exponían a la vista de todos a modo de “amenazas para la gente mapuche y tehuelche” y con el firme propósito de “aterrorizar a un sector de la población”. "No a todos”, aclara.

Era desde esos campos desde donde, además, “se distribuía a la gente como mano de obra forzada” y cuando ya no quedaban “indios” para entregar, “se liberaban esos campos y el Estado dejaba de entregar raciones” para alimentarlos. Fue esa población la que “quedó principalmente en Río Negro” y comenzó a “buscar lugares donde poder asentarse, lo que les llevó unos 20 años aproximadamente, hasta que empezaron a encontrar sitios que, además, no les generasen conflictos con ninguna de las grandes estancias que ya estaban asentadas y que tenían propietarios, o donde no chocaran con los pueblitos que iban surgiendo como la Colonia General Roca, Viedma o el mismo Bariloche”.

En La Pampa, los registros que dejaron los gobernadores del territorio, daban cuenta que “tenían a la gente ubicada trabajando como jornaleros, con la idea de proletarizarlos, principalmente hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas”. Y quienes quedaron a la deriva, una vez abandonados a su suerte, “estaban muy empobrecidos y en alguna situación límite de su existencia”, como era “tener hambre desde hacía 10 años, tiempo en el que además vivieron hacinados” sin ninguna condición de vida digna. “Había además mucha gente mayor y gente con discapacidades” y fueron esas personas las que “quedaron deambulando en grupos más o menos numerosos, que fueron formando durante el tiempo que estuvieron en los campos” de concentración, algo que para Pilar Pérez visibiliza una clara “estrategia de reagrupamiento” por parte de los propios indígenas.

Dentro de los referentes en liderazgo aparecen diversos caciques, como por ejemplo “Saihueque, Ñancuche, Namuncurá o Viviana Garcia”, quienes tenían relación con el Estado desde antes de la Conquista del Desierto y conocían, además, a personajes como “el Perito Moreno, Clemente Onelli y a los curas salesianos” lo que les posibilitó “negociar la tenencia de las tierras, a través de leyes puntuales”. A partir de allí fueron esos mismos referentes quienes “reagruparon gente de su entorno” aunque muchos quedaron “sin ningún tipo de representación, en grupos familiares más chicos y fue esa gente la que pasó a convertirse en el problema de la seguridad de los gobernadores de los territorios y a ser un tema de índole policial fundamentalmente”.

Es necesario prestar especial atención a lo que Pérez menciona como un dato “no menor”: “la existencia de los campos de concentración está registrada principalmente en la memoria social, a través de relatos de gente muy mayor, pero no solo visibilizados en estos últimos años sino que existen desde el siglo XX”, algo que en los archivos históricos, quizás por omisión o quizás por decisión, no suele estar disponible.

“Siempre hubo registros que hacían referencia a estos lugares de detención, de concentración” - explica - y en Río Negro principalmente “se hacía referencia a Valcheta como uno de los más importantes”, aunque también aparecen otros en “Chichinales - también en Río Negro- y en Junín de los Andes, en Neuquén” que fueron surgiendo de los relatos de pobladores que sabían que sus antecesores habían estado presos y/o detenidos en esas zonas.

El relato de los campos de concentración ha estado fragmentado en la memoria. Pero en un trabajo que lleva adelante el equipo de Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, que también integra Pilar Pérez  junto a otros investigadores, está intentando “darle el sentido histórico, reconstruyéndolo dentro del proceso de la ocupación militar en general” con el firme propósito de poder comprender “cómo se distribuye la tierra aún en la actualidad, teniendo en cuenta que el grueso de la población de Río Negro, una vez creados los territorios nacionales y ya incorporada la Patagonia a la soberanía nacional, sigue siendo mapuche y tehuelche y que son ellos los sobrevivientes de esos campos de concentración para quienes no hay ni una sola política que les permita acceder a la tierra”.

En el libro “La tierra de los otros”, del que también participó Pilar Pérez, y que surgió de un convenio entre la Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro para colaborar con la Comisión para la Investigación de la Transferencia de Tierras Rurales en la provincia, que funcionó entre 2012 y 2015, han quedado registrados muchos  reclamos sobre la propiedad ancestral de las tierras, que aún hoy generan conflictos por el no reconocimiento por parte del estado. Al respecto la historiadora expresó que “esa Comisión recibía denuncias de pobladores con diferentes tipos de conflictos por la tierra. A partir de allí el estado trabajaba en el conflicto actual y nosotros - el equipo de investigadores - desde la profundidad histórica que tenían, reconstruyendo antropológica e históricamente cuáles eran esos conflictos a nivel  nacional”. Y aclara “no es igual el conflicto acá en la Cordillera que en la zona petrolera de Catriel (donde abunda el petróleo), y en esa reconstrucción fuimos viendo cómo la distribución de tierras, históricamente estuvo permeada ya sea por la aplicación de las leyes o por las prácticas racistas de los funcionarios de turno” algo que asegura quedó demostrado “a través de los casos que demuestran cómo opero ese racismo para dejar al grueso de la familia mapuche y tehuelche sin tierras”.

• Y por qué dentro de Río Negro, Valcheta fue el epicentro de los campos de concentración?

Son varias las respuestas ofrecidas por la investigadora: “Valcheta había sido anteriormente punto de avanzada de la primera Campaña del Desierto, en los años 30 con Rosas a la cabeza,  por lo que se convertía en un lugar medianamente conocido para aquellos militares que desconocían por completo el interior del territorio patagónico; era un oasis en el desierto, ya que tenía abundante agua; era un punto relativamente cercano a la gobernación, lo que favorecía la comunicación para saber y decir lo que estaba ocurriendo y era un estratégico lugar de paso hacia el Sur”, en donde se habían realizado hasta entonces “las últimas campañas militares” y desde donde, además, “arribaba caminando el grueso de la población” obligada a participar de su propia conquista.

• Las estrategias de los pueblos originarios dentro de las luchas:

¿Se puede decir, sin animosidad alguna en la apreciación sino sólo para comprender, que los pueblos originarios han sido y son demasiado pacíficos en sus luchas para evitar ser aniquilados, o que son fácilmente vulnerables?. Para la historiadora es “exactamente al revés”. Y sostiene su opinión aseverando que “si todavía están en las tierras, es porque han tenido una gran cantidad de estrategias políticas para permanecer, aún habiendo tenido todo en contra”.

En la reconstrucción histórica que realizó junto al equipo de profesionales que encararon el proyecto “Archivos y Narrativas de la Nor-Patagonia. Producción, circulación y efectos de relatos constituyentes y subalternos”, han encontrado una “enorme cantidad de estrategias” y diversas formas de “organización política”. Y cita, por ejemplo, que “las ocupaciones territoriales del presente, ya se observaban en las décadas del 20 y del 30 y esas recuperaciones - añade - se dieron luego de que fracasaran todas las mediaciones administrativas y legales”. En materia de organización política específicamente señala como ejemplo a la Asociación Nacional de Aborígenes, creada en la década del 20 y con una duración de 15 años, con representación en toda la Patagonia. Esa organización buscaba “ser mediadora entre los pobladores que no tenían referentes políticos como un cacique, y el estado” y a través de ella “gestionaban tierras, denunciaban abusos de funcionarios policiales, de jueces de paz, etc. y pelaban por una legislación favorable para los indígenas”, algo que muchas veces lograron como ocurrió con el “Decreto de excepción del pago de pastaje para indígenas” o “tener delegados en la Secretaria de Trabajo y Previsión de la Nación en la época del Peronismo, quienes luego se convirtieron en los representantes de los indígenas dentro del territorio de Rio Negro”.

Es una larga historia de luchas. No caben dudas de eso. Y si como expresa Pilar Pérez “en el presente aún hay familias que resisten y que conservan una profundidad histórica, es porque han sabido resistir organizadamente pese a que aún tienen título precario de posesión de tierras”, algo que no duda en afirmar, es producto del flagelo llamado “racismo, que ha estructurado a las sociedades después de la Conquista del Desierto y que nos atraviesa a todos”. De lo contrario no se comprendería, por ejemplo, “cómo se escandaliza la sociedad cuando le pintan la palabra genocida a Roca y no cuando no se respeta el derecho a la tierra de los pueblos originarios”.

• La ausencia de archivos sobre crímenes cometidos en la Patagonia:

Muchos de los crímenes que se cometieron en la Patagonia, al decir de Pilar Pérez, “aún no están en el relato oficial o legitimados” y es así como se puede dimensionar “la forma en que las narrativas oficiales del proceso impidieron que muchos relatos disonantes encontraran un lugar dentro de la historia hegemónica que cristalizó bajo la épica de la guerra a lo largo del siglo XX”.   

Solo para citar una referencia que la tuvo de protagonista, Pérez menciona la reconstrucción que junto a un grupo de colegas realizó sobre una “razia en 1930 en la zona de Mencué” que se concretó para “desalojar pobladores, muchos de los cuales perdieron sus tierras, sin haberlas podido recuperar hasta el presente, mientras otros tantos quedaron arrinconados en campos demasiado chicos para albergar a todos los miembros de sus familias”. Incluso - agrega- “han perdido a varios de sus integrantes y aún hoy desconocen dónde están o que fue de ellos”, de lo que se deduce que “puede haber personas vivas que fueron testigos de lo que sucedió” y que pese a que el  hecho cobró estado público a través de los medios de prensa, no han podido reencontrarse con su pasado. Sobre ese hecho puntual, informó que “la razia está totalmente documentada no sólo en el registro de la memoria social sino desde la propia confesión de parte del Jefe del Operativo a cargo del procedimiento, quien se encargó de demostrar que tenía órdenes del Gobernador de ese momento y del Jefe de Policía”, documentación que asegura “está disponible y publicada” y que pese a que en su momento tuvo un enorme impacto “hoy no tiene un proceso que permita esclarecer y llegar a la verdad”.

Justamente porque los archivos son imprescindibles para la reconstrucción de la historia, pero están incompletos o son inaccesibles, es que los investigadores se basaron principalmente en “la memoria social, con las narrativas que van pasando de generación en generación”, algo que “abre los ojos para saber de qué momento histórico hablan” y que permite constatar que muchos hechos “no están reconstruidos dentro de una narrativa histórica mayor”.

“Este proyecto se encarga de ver cuáles fueron esas narrativas hegemónicas que no cerraron puntos de vista”, indicó Pérez. “A nosotros nos han contado qué fue lo que sucedió en la Conquista del Desierto, de forma civilizatoria”, y no duda al afirmar que “tenemos un montón de calles que llevan los nombres de los oficiales que formaron parte de eso; inclusive pueblos con sus nombres y una enorme cantidad de celebraciones vinculadas a ese proceso”. Sin embargo, finalizó “hay un montón de silencios” que deben quebrarse y este proyecto “eso es lo que busca”. Ni más ni menos que romper con la historia oficial, para acercarse a la historia real.

 Roxana Arazi