En noviembre de 2017 el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, firmó un acta acuerdo con CAPSA (Catedral Alta Patagonia S.A.), evadiendo el proceso licitatorio correspondiente, a través de la cual le otorgaba la prórroga de la concesión de la explotación del Cerro Catedral por 38 años más (hasta el año 2056) y aún cuando a la empresa le quedaban por delante 8 años hasta la finalización del contrato original.

La empresa, a cambio, ofreció  una inversión de 22 millones de dólares para “modernización” del centro invernal. Pero el centro de interés está en la cesión de 70 hectáreas para negocios inmobiliarios, pese a las limitaciones ambientales fijadas por Carta Orgánica Municipal que establece, por ejemplo,  el carácter inalienable de esas tierras.

A partir de ese momento, fueron muchas las voces que se alzaron para evitar lo que se consideró como una “entrega” de uno de los principales recursos naturales/económicos de la ciudad. En esa oportunidad, dos legisladores y dos concejales presentaron una medida cautelar ante la Justicia, avalada por más de 6000 firmas de vecinos y vecinas de Bariloche que se autoconvocaron en lo que se definió como “Vecinxs por un cerro para  todxs”.

Los entonces Legisladores rionegrinos Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, y los Concejales barilochenses Ana Marks y Daniel Natapof, todos integrantes de los respectivos bloques del  Frente para la Victoria en ese momento (hoy Frente de Todos), fueron quienes oportunamente realizaron la presentación judicial.

Llamativamente, hace unos pocos días atrás, se conoció que el Legislador Ramos Mejía (reelecto para el período 2020 – 2025), desistió de continuar con la demanda de manera sorpresiva y sin notificárselo a quienes junto a él habían presentado la medida cautelar, tras reunirse a solas con los responsables de CAPSA y con el Intendente Municipal.

Ante esta situación la ex Legisladora Garro (MC) y los ex Concejales Marks y Natapof (MC), tras manifestar públicamente su “sorpresa” por la actitud de Ramos Mejía, decidieron sin embargo continuar con la presentación judicial. Pero ello no evitó el malestar de vecinos y vecinas que con sus firmas y con permanentes campañas para evitar la “entrega del cerro”, se sintieron “estafados en su buena fe” por quien dijo “representarlos” frente a este reclamo. Y si bien deberá aguardarse la decisión final de la Justicia, han decidido visibilizar su malestar y reiterar su “rechazo” a cualquier posibilidad de que dicho contrato sea autorizado.

Roxana Arazi