Benetton, Lewis, el Emir de Qatar… son sólo algunos de los nombres que trascienden en la adquisición de miles de hectáreas de la Patagonia argentina. Pero no son solo extranjeros. También los hay quienes de una u otra manera son allegados al poder de turno, como la familia materna del Presidente Mauricio Macri, Blanco Villegas, o los Peña Brown, parientes directos del actual Jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña. En prácticamente todos los casos, se abren nuevos posibles conflictos con los pueblos originarios, asentados en esos sitios ancestralmente, a quienes jamás se les reconoce la propiedad de las tierras, sino que por el contrario se continúa expulsándolos y, más aún, reprimiéndolos como ocurrió en la Pu Lof Cushamen (agosto de 2017) en territorio del magnate italiano.

En 2011 se logró, tras años de trabajo, aprobar la Ley 26.737, que limita la cantidad de hectáreas para la compra por parte de foráneos y las zonas en donde se encuentran los principales recursos de agua dulce. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos impulsa una reforma, a través de un proyecto que ya ha sido ingresado en la Cámara de Senadores, por el que se pretende abrir la puerta para la realización indiscriminada de operaciones de compra por parte de ciudadanos y empresas extranjeras de tierras estratégicas que guardan una vital importancia para los argentinos.

En una entrevista realizada este martes 14 de agosto 2018 en Café a la Turca, la Senadora Nacional por Río Negro (RIO), Dra. Magdalena Odarda, explicó que, pese a que la ley actual (26.737) establece un límite del 15% para que los extranjeros adquieran tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia, exigiendo que cuando se trate de ciudadanos de una misma nacionalidad dicho porcentaje no podrá superar del 30 % (art. 8), el proyecto que pretende modificar la norma, por el contrario “elimina dicho requisito y se limita a explicar que no pueden ser titulares de tierras rurales los estados o las personas de derecho públicas extranjeras” (art. 9)”.

Además informó que “más preocupación genera el hecho de que la ley actual sólo autoriza la compra de hasta mil hectáreas por cada persona extranjera, previendo excepciones según sea la localización de las tierras y su proporción respecto del municipio o provincia, o según la capacidad y calidad de las tierras para su uso y explotación (art. 10). El proyecto “cambiemos”, sin embargo, habilita a que un extranjero sea propietario de mucho más de 1.000 hectáreas cuando el interesado “posea antecedentes relevantes en esa actividad, no perciba subsidios por parte de un estado extranjero, la inversión prevista mejore la productividad, genere directa o indirectamente empleos; o cuando el proyecto colabore en la “protección del medio ambiente y la biodiversidad” (art. 12), es decir que habilita indirectamente excepciones en la cantidad máxima de hectáreas cuando los que compran sean empresarios tales como Joseph Lewis o el Emir de  Qatar, en este último caso “sin respuesta aun por parte del gobierno provincial a los reiterados pedidos de información que he presentado ”, expresó Odarda.

La Senadora Nacional no vaciló al momento de asociar la entrega de tierras con hechos como el de la escuela Rural 331, del Paraje Río Chico Abajo (pcia. de Río Negro), a la que el Gobernador Alberto Weretilnek, en un intento constante de cerrar el establecimiento, ha dejado sin gas en pleno invierno cordillerano (le retiraron el zeppeling) e internet (única forma de comunicación en la zona), haciendo prácticamente imposible que los 14 alumnos, dos niñas y 12 adultos de la comunidad mapuche y rural, puedan seguir concurriendo al establecimiento”, en un claro avasallamiento a sus derechos. Odarda se permitió sospechar que esta medida tendiente a eliminar la escuela y obligarlos a recorrer “más de 50 km hasta el próximo establecimiento” algo que es “prácticamente imposible para los pobladores de Río Chico Abajo”, está vinculada en cierto modo con la intencionalidad de desplazar a los habitantes de los lugares para disponer de esas tierras para la venta, más aún si se tiene en cuenta que en este caso en particular “están cercanas a las del magnate Benetton”, quien ya supera las 900 mil hectáreas en la Patagonia”. (http://araziroxana.com.ar/nota/68/inversion-inmobiliaria-por-sobre-educacion ) .

La Senadora Nacional fue contundente: “son tierras factibles para la megaminería”.

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N de la R: En el segundo bloque de esta entrevista, interrumpida abruptamente por un desperfecto telefónico, María Gabriela Morales, Secretaria Adjunta de la seccional Neuquén del Sindicato de AEFIP ( Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), que abarca además Río Negro y parte de Chubut, e integrante de la CGT Zona Andina, se refirió a la situación por la que atraviesan los trabajadores y trabajadoras impositivos y de la  Seguridad Social a quienes el gobierno nacional pretende “bajarles los sueldos para utilizar lo expropiado en solventar los gastos operativos de AFIP”, lo que implicaría “una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo de cara al 2019”. Agregó además que estas medidas “vulneran el secreto fiscal de los contribuyentes (de quienes están en regla y quienes no lo están) al poner en manos de empresas privadas el manejo de los dato sensibles que posee el organismo”, lo que preocupa aún más si se tiene en cuenta que ”la semana pasada se han producido fallas de seguridad informática”.

Ante este panorama, el gremio determinó el estado de Asamblea Permanente con posibles cortes sorpresivos de atención al público y quite de colaboración, en todas las filiales AFIP del país, en tanto que para Bariloche puntualmente se decidió “realizar asambleas sin atención al público y retención de tareas toda esta semana, a partir de las 12 horas".

Finalmente se anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves 16 de agosto.

Te invito a escuchar el programa completo acá:

Roxana Arazi