En diciembre de 2015 el entonces legislador Cesar Miguel (FpV), quien presidió desde el 2012 la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales en el ámbito de la provincia de Río Negro, presentó oficialmente el informe final, en un acto realizado en la sala de prensa “Carlos Soria”, de la Legislatura de Río Negro.

La comisión, que realizó una exhaustiva investigación sobre la entrega y venta de tierras fiscales, contó con el asesoramiento y trabajo de profesionales de la Universidad Nacional de Río Negro, bajo la coordinación general de las Lic. Lorena Cañuqueo, Dra. Laura Kropff, Dra. Pilar Pérez y la Abogada Julieta Wallace, en el marco de un convenio suscripto entre la Legislatura rionegrina y esa casa de estudios.

Se analizaron  145 casos a partir de la Ley de Tierra 279 y la Ley de Derechos de Indígenas y al momento de la presentación oficial del informe, se habían dictaminado “la mitad de las denuncias” mientras que “las restantes fueron enviadas a la Fiscalía de Estado, para que los interesados puedan continuar el reclamo”, según había expresado César Miguel oportunamente.

El miércoles 21 de septiembre 2020, y a raíz del recrudecimiento de diversos conflictos sobre la posesión de las tierras en distintas zonas de Bariloche y de la Comarca Andina en general, en declaraciones exclusivas para Café a la Turca, el ex Legislador César Miguel - quien además fue Concejal (1992/1995) e Intendente de Bariloche (1995/1999) respectivamente -, repasó el trabajo que la Comisión que presidía llevó adelante durante esos 4 años y lamentó que “no se haya continuado” con el mismo en los períodos legislativos subsiguientes ni que haya habido intención de un abordaje serio por parte de los sucesivos gobiernos rionegrinos. “Nadie se ocupó de reflotar el tema” sentenció.

“El informe - afirmó Miguel - había puesto en contexto el desarrollo territorial de Río Negro desde el punto de vista histórico” y aseguró que era “una herramienta útil para las políticas públicas” en materia de “territorio”, como prefiere denominarlo.

Recordó por ejemplo que, dentro de la investigación, el caso más resonante que debieron analizar oportunamente logrando “revertir el proceso de venta” y que a posteriori “la justicia confirme las irregularidades” fue el de “la venta de 24.600 hectáreas de la Meseta de Somuncura” que el entonces Gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, había concretado a “un valor irrisorio de 9,18 $ por hectárea”.

Pese a que ese trabajo es único en su tipo en Río Negro y  logró contextualizar el desarrollo territorial de la provincia desde el punto de vista histórico, nunca tuvo continuidad hasta el momento. Así lo aseguró César Miguel quien pese a apreciar que “quedó bastante por hacer”, lamentó que “ninguno de los cuerpos legislativos” que lo precedieron haya retomado el tema.

Así la situación hasta el presente en materia de abordaje legislativo, los conflictos recrudecen día a día, en una puja constate en donde se prioriza el “poder” de quienes pueden acceder a la tierra, beneficiados por constantes especulaciones políticas, por sobre la posesión que otorga la ancestralidad y/o los trámites de regularización territorial  que suelen ser “modificados” según las apetencias de quienes aplican las leyes.

César Miguel insistió, como parte de una clara línea de trabajo constante en su trayectoria en la función pública, en que “es necesario avanzar en estrategias que permitan una verdadera organización dominial y de justicia en la distribución de tierra” principalmente en casos que llevan años de conflictividad como el de la Lof Laken Winkul Mapu en la zona de Villa Mascardi, a pocos km de Bariloche, que le costó la vida a Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por las fuerzas de seguridad el 23 de noviembre de 2017, hecho sobre el cual aún se aguarda que se haga justicia.

Durante  la entrevista Miguel se refirió también al proyecto de tierras comunitarias con el que acompañó el informe de la Comisión Investigadora;  a la extranjerización de las tierras en la Patagonia y a los históricos avasallamientos hacia los pueblos originarios, entre otros aspectos que lo tuvieron como principal impulsor de la resolución pacífica de conflictos por el territorio y que, a pesar de no ocupar hoy ningún cargo político partidario, continúa fomentando desde su rol de “referente político” en Río Negro.

(Nota: se adjunta el PDF con el trabajo completo de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales (2012 – 2015), por ser un documento invaluable frente a la desinformación en torno a los procesos de regularización dominial en la Patagonia).

Roxana Arazi